869 dominios y subdominios de Internet fueron bloqueados en 2021 bajo el Protocolo para el refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual

Programación

El acuerdo ha logrado mejorar el cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual, autorregulando la actuación sobre las páginas web que vulneran estos derechos, incluidas las ‘web espejo’.

Un total de 172 dominios de Internet y 697 subdominios han sido bloqueados en 2021 para imposibilitar el acceso ilegal a millones de obras (libros, obras musicales o audiovisuales, videojuegos…) protegidas por derechos de propiedad intelectual.

El bloqueo ha sido el resultado del trabajo del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, los titulares de derechos y los prestadores de servicios de internet firmantes del Protocolo para el refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

El 8 de abril de 2021 los operadores de acceso a Internet en España y los representantes de los titulares de derechos de propiedad intelectual, creadores e industrias de contenidos firmaron, a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte, el citado Protocolo. Se trata de un nuevo mecanismo de autorregulación intersectorial para mejorar la eficacia de las resoluciones judiciales y administrativas autorizadas judicialmente con respecto a las páginas web infractoras de derechos. Así, al amparo de la normativa vigente, el Protocolo está permitiendo proteger más eficazmente y favorecer el desarrollo de la oferta legal de contenidos en España, junto al resto de instrumentos jurídicos en vigor.

Entre otras medidas, se ha acordado regular una respuesta global para las resoluciones judiciales y administrativas sobre páginas infractoras a sus ‘web espejo’ o réplicas, creadas bajo otros dominios o subdominios para eludir la legislación vigente y las órdenes judiciales de bloqueo.

Este acuerdo ha supuesto un hito al rubricar la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra la oferta ilegal como objetivo de entendimiento y colaboración entre sectores estratégicos y ha situado a España en la vanguardia europea en esta materia junto a países como Alemania, Portugal o Dinamarca. Sin duda, esta medida está favoreciendo la consolidación de un ecosistema digital sano donde pueda desarrollarse con normalidad la oferta legal de contenidos respetuosa con los creadores, las empresas de telecomunicaciones, y que beneficie a consumidores, al empleo y la economía, a la retención y atracción del talento y, en definitiva, a toda la sociedad en su conjunto.

En 2021, el Comité técnico que representa a las partes en el Protocolo ha presentado 32 consultas con una periodicidad casi siempre semanal y ha cumplido con los requisitos de presentación de forma precisa y constante. La respuesta por parte del Ministerio de Cultura y Deporte ha sido siempre inferior a 72 horas (en los últimos tres meses han sido muchas las ocasiones en que no se ha superado el plazo de las 36 horas para emisión de la propuesta).

Son firmantes del Protocolo, por parte del sector de la cultura La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, formada por AIE (Artistas, Intérpretes y Ejecutantes), AEVI (Asociación Española de Videojuegos), AGEDI- PROMUSICAE, SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores Audiovisuales), FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos) y FGEE (Federación de Gremios de Editores de España), y, por parte del sector de los operadores de acceso a Internet, los miembros de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) – Telefónica España, Orange, Vodafone, y el Grupo Masmovil- además de Eurona y el Grupo Euskaltel.

En este momento el Ministerio de Cultura y Deporte está promoviendo que otros agentes en el ecosistema digital se sumen a este Protocolo que permite visibilizar un gran acuerdo por el refuerzo de la protección de derechos fundamentales en Internet que beneficia a toda la sociedad.

Fuente: Moncloa

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