El Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web una serie de datos de ejecución presupuestaria que recogen el impacto en las cuentas públicas de la pandemia del COVID-19 y de las medidas adoptadas para combatir esta emergencia.
Así, el déficit del Estado correspondientes al mes de mayo se sitúa en el 2,88% del PIB, en términos de contabilidad nacional. El Ministerio también ha difundido el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de abril, que se sitúa en el 2,14% del PIB, excluida la ayuda financiera. Sin embargo, cabe destacar el buen comportamiento de las comunidades, que registran un superávit del 0,02% gracias a los recursos transferidos por el Gobierno.
Asimismo, se han publicado hoy los datos de ejecución presupuestaria del conjunto de Administraciones Públicas, incluidos por primera vez en el año los datos de ejecución de las Corporaciones Locales. De esta forma, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el primer trimestre alcanza el 0,82% del PIB. En los datos correspondientes a los tres primeros meses del año para el conjunto de las Administraciones Públicas, ya se refleja el impacto ocasionado por la crisis sanitaria.
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Déficit del Estado (mayo)
En los cinco primeros meses del año el Estado ha registrado un déficit de 32.251 millones de euros, lo que equivale a un 2,88% del PIB. Este comportamiento se debe a la caída de la actividad por el confinamiento necesario para combatir la pandemia, lo que ha provocado un descenso de los recursos del 10,6%. Asimismo, las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar los efectos sociales, económicos y laborales de la crisis conllevan un aumento de los gastos del 10,8% hasta mayo.
Al igual que los meses anteriores, en esta evolución se debe tener en cuenta que las operaciones del Estado se encuadran en un contexto extraordinario por la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, que se ha reflejado en un incremento de los programas de prestaciones sanitarias y farmacia y en un aumento de las transferencias corrientes a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.
Asimismo, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.
Recursos no financieros del Estado
Los recursos no financieros han ascendido a 63.950 millones, lo que supone un descenso del 10,6% respecto a 2019.
Los ingresos correspondientes al mes de mayo, están afectados, al igual que el mes pasado, por la paralización de casi toda la actividad como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Los recursos impositivos, que representan el 80,1% del total, suponen 50.247 millones, lo que implica un descenso del 14,2%. Caen prácticamente todas las figuras tributarias. Destacan, por un lado, el retroceso del 10,7% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA cae un 13,9%, hasta los 25.721 millones. Los Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 21,6%. Así, el Impuesto sobre Sociedades cae un 6,7% y el IRPF un 31,5%. También descienden los impuestos sobre el capital, un 28% y las cotizaciones sociales un 2%.
El resto de recursos siguen la misma tendencia descendente, con una caída de las rentas de la propiedad un 26% (incluyendo el descenso de los dividendos del Banco de España), así como los intereses que disminuyen un 16,7%.
Por último, entre los recursos que aumentan, al igual que el mes pasado, cabe destacar las transferencias corrientes y de capital entre Administraciones Públicas que crecen un 2,9% fundamentalmente por los mayores ingresos por el Sistema de Financiación.
Empleos no financieros del Estado
Hasta mayo los empleos no financieros han ascendido a 95.017 millones, registrando un aumento del 10,8% respecto al mismo mes de 2019. Esta evolución deriva nuevamente de la extraordinaria situación originada por el COVID-19.
Los consumos intermedios crecen un 31,1% como consecuencia del gasto de 926 millones derivado del programa presupuestario prestaciones sanitarias y farmacia del SNS relacionadas con el COVID-19, sin correspondencia en 2019. Además, la remuneración de asalariados ha aumentado un 0,9% debido, por una parte, a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y al incremento retributivo correspondiente a 2020 del 2% frente al 2,25% de 2019.
Las transferencias corrientes a otras administraciones es una de las partidas que más se incrementa. Alcanza los 54.958 millones, un 14,6% más que el ejercicio anterior. El mayor importe ha correspondido a las comunidades autónomas, que hasta mayo han recibido transferencias por un importe de 37.088 millones, cifra que supone 5.967 millones más que el año anterior. La decisión del Gobierno de actualizar las entregas a cuenta y adelantar la liquidación de 2018 explica que las comunidades autónomas hayan registrado un incremento tan notable de los recursos.
Las transferencias sociales en especie crecen hasta los 169 millones. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 2,8%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%.
Destaca también el incremento de la inversión, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7), por importe de 1.745 millones, y el incremento de los recursos propios de la UE que crecen un 9,5% hasta mayo.
Al igual que en abril, estos incrementos se ven compensados, manteniendo la tendencia de los meses previos, en parte, por el descenso de un 10,5% de los intereses, de un 19,3% de la cooperación internacional corriente.
Por último, también descienden las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, un 85,1% como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.
Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (abril)
En el primer cuatrimestre de 2020, el déficit de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad se sitúa en 23.997 millones. En términos de PIB, esta cifra equivale al 2,14%.
Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 24.043 millones de euros, equivalente al 2,15% del PIB. Se trata de un aumento de 17.300 millones, de los que 8.866 millones se deben a gastos COVID.
Administración Central
La Administración Central en abril registra un déficit de 19.866 millones, el 1,78% del PIB. El gasto consolidado de la Administración Central asociado al COVID-19, en el primer cuatrimestre de 2020, asciende a 992 millones.
– El déficit del Estado equivale al 1,78% del PIB, lo que supone 19.885 millones de euros.
– Los Organismos de la Administración Central registran un superávit de 19 millones, frente al déficit de 217 millones del mismo periodo del año anterior.
Comunidades Autónomas
La Administración regional ha registrado un superávit de 231 millones hasta abril, frente al déficit de 2.714 millones del mismo periodo del año anterior. Así, las CCAA registran en conjunto un superávit del 0,02%, que contrasta con el déficit del 0,22% del pasado ejercicio. De hecho, 13 comunidades registran superávit en abril, frente a las cinco que lo hacían en el mismo mes del año pasado.
En concreto, los ingresos se han incrementado un 12,3%. Cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos un 8,4%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 20,3%, y el incremento registrado en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 18,9%.
Este comportamiento positivo de las CCAA muestra que las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la situación de emergencia en las Comunidades Autónomas y dotarlas de liquidez han sido eficaces.
En este sentido, destaca el adelanto de recursos para este subsector de 6.218 millones, sin correspondencia en el mismo periodo de 2019. Se trata de la actualización efectiva de las entregas a cuenta entre marzo y abril, que se realizó por primera vez sin tener un proyecto de Presupuestos Generales; el adelanto de hasta el 50% de la liquidación definitiva de 2018; el adelanto de la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, así como la financiación específica surgida tras la COVID-19 (303 millones del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales y 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia).
Por otra parte, los impuestos sobre la producción y las importaciones caen un 20,6%. El descenso de la recaudación ha sido casi general en todos los impuestos incluidos en esta rúbrica destacando la caída del 15,8% del ITP y AJD. Sólo en el mes de abril se han perdido 583 millones de ingresos impositivos como consecuencia de la crisis.
Dentro del gasto no financiero, que aumenta 6,5%, los consumos intermedios crecen un 10,6%, debido al aumento del gasto farmacéutico hospitalario y en el gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación, fuertemente condicionados por el COVID-19. La remuneración de asalariados se incrementa un 5,1%, correspondiendo 289 al incremento registrado en sanidad, un 12,5% superior a la registrada en abril de 2019.
Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 6,2%, destacando el aumento del 11,9% del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y del 5,6% del gasto en farmacia. Las subvenciones se elevan un 6,8% y las prestaciones sociales un 10,5%. Por último, la inversión aumenta un 3,1% y las transferencias entre AAPP se elevan un 9,6%. Hasta la fecha, el único gasto que desciende, al igual que en el mes de marzo, son los intereses, que caen un 12,7%.
Salvo cuatro comunidades, el resto registran superávit hasta abril, y 13 territorios han mejorado su resultado presupuestario respecto al mismo mes del año anterior.
Si se descuenta en ambos periodos el efecto de los anticipos concedidos a cuenta del sistema de financiación, los ingresos crecerían un 8,0% (4.203 millones más) y los gastos un 6,5% (3.637 millones). De este importe, con la información transmitida por las Comunidades Autónomas hay 2.238 millones que corresponden a gasto en sanidad derivado del COVID-19, tal y como se recoge en el siguiente cuadro:
Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit del 0,39% del PIB, frente al superávit del 0,30% registrado en abril de 2019. Las cifras de ingresos y gastos de abril se encuentran notablemente afectadas por el impacto de la pandemia. Los recursos crecen ligeramente un 0,4% frente a los gastos no financieros que aumentan un 15,7%, de los cuales las prestaciones sociales crecen en 7.176 millones respecto al mismo periodo de 2019.
Esta evolución está afectada por las diversas medidas adoptadas en los Reales Decretos aprobados para combatir los efectos del COVID-19. Destacan medidas que protegen tanto a los autónomos, con el establecimiento de una prestación extraordinaria por cese de actividad o por reducción de la facturación, como a los trabajadores por cuenta ajena a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTES) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo mientras dure esa situación. En ambos casos se establece la exoneración de las cotizaciones sociales, a la empresa en el abono de la aportación empresarial y de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, y a los autónomos en sus cuotas mensuales.
El gasto en prestaciones sociales ha aumentado en abril en 4.564 millones respecto al mismo periodo de 2019, de los cuales 3.000 millones corresponden a ERTES y 1.100 millones a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos. Destaca también el gasto en subvenciones, que crece en 1.159 millones respecto a 2019 debido a las exoneraciones de cuotas.
El Sistema de Seguridad Social registra un déficit de 821 millones debido al aumento del gasto en prestaciones sociales un 6,9% (correspondiendo la mayor parte a gasto en pensiones que se han revalorizado un 0,9% este año), mientras que los ingresos por cotizaciones sociales crecen solo un 0,1%.
El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 3.576 millones por el incremento del gasto en prestaciones por desempleo, que han aumentado en 3.457 millones respecto a 2019. Por su parte, los recursos caen un 12,9%.
Por último, el FOGASA registra un superávit de 35 millones de euros.
Déficit conjunto de las administraciones públicas (marzo)
Por último, el Ministerio de Hacienda también ha publicado hoy los primeros datos de ejecución de 2020 de las Corporaciones Locales, correspondientes al primer trimestre del año. En este periodo, han registrado un déficit de 493 millones, lo que equivale al 0,04% del PIB.
Con estos datos de las Corporaciones Locales, el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el primer trimestre del año se sitúa en el 0,82% del PIB, frente al 0,33% del año anterior.
Los gastos han crecido un 5,5%, frente a un incremento de los ingresos del 1,1%. Del aumento del gasto, alrededor de 1.832 millones correspondería, hasta marzo, al gasto consolidado derivado del COVID-19.
